La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación que encabeza Enrique Guillén expresó hace unos días un colérico reclamo al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), de Eduardo Meraz, por congelar durante seis meses las autorizaciones a distintas empresas para conectarse a subestaciones eléctricas compartidas en Tijuana; demora que podría traducirse, conforme aseveró el organismo, en una pérdida de prácticamente trescientos millones de dólares americanos estadounidenses de inversión industrial en el estado de Baja California. El caso es ya una de las primeras muestras del descontento que prevalece entre la clase empresarial por los retrasos que se perciben en la implementación de la reforma energética; la que, a cinco años de su aprobación, no ha logrado generar competencia real en el campo y, al revés, enfrenta todavía un sinnúmero de factores que impiden la llegada de nuevos inversores privados o, incluso, los ahuyentan.
Aseguran que uno de los principales obstáculos para precisar la apertura del mercado ha sido la protección que las autoridades del ramo brindan a las compañías productivas del Estado, de forma especial a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de Jaime Hernández, misma que recibe concesiones que la ponen en una situación muy ventajosa respecto a sus contricantes. Resulta que, como ya se había ventilado en este espacio, tanto el Cenace como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que lleva Guillermo García Alcocer, han tolerado que, contrario a los propósitos de las leyes secundarias de la reforma, la CFE quede exenta del pago de las llamadas pérdidas no técnicas, lo que le deja vender su energía a un costo hasta 26 por ciento más bajo que el promedio de las otras empresas presentes en el mercado de grandes usuarios.
El término de pérdidas no técnicas se refiere al robo de energía por conexiones ilegales o a la falta de pago de los usuarios, que en el 2 mil diecisiete ascendieron a treinta mil trescientos 25 millones de pesos y que son directamente atribuibles a la CFE como suministrador de servicios básicos; lo precedente a pesar de que en el 2 mil 14 la otrora paraestatal anunció una inversión superior a 6 mil millones de pesos para adquirir infraestructura que dejaría evitar robos de energía, misma que, todo apunta, no ha dado los resultados esperados. Sin embargo, en la práctica, la CRE y el Cenace no han buscado quién la hace sino quién la paga, pues en lugar de apegarse a la ley y repartir esos costos entre los suministradores de energía en el campo de baja tensión, incluyendo como es natural a la CFE, se cobran las pérdidas no técnicas a las compañías participantes del mercado de media y alta tensión.
Entre los inversores del campo se preguntan si la omisión o desviación se debe a un simple desconocimiento del marco jurídico o si existe algún género de intención o bien acuerdo entre las autoridades y la compañía que dirige Jaime Hernández para inhibir la competencia en el mercado.
Cuestionan si la actuación del exdirectivo de la CFE y hoy titular del Cenace, Eduardo Meraz, se enfoca realmente a regular el mercado; o bien, a proteger los intereses de la compañía en la que laboró durante más de treinta años y de la que recibe una pensión de en torno a doscientos mil pesos mensuales.
Canacintra, EPN y los presidenciales
La próxima semana los cuatro aspirantes presidenciales del país estarán con los industriales del país. La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) organiza su Convención Nacional en Querétaro. Gran logro de Enrique Guillén, que además se anota que el presidente Enrique Peña Nieto estará en el evento, lo inaugurará y va a tomar protesta al nuevo Consejo Directivo Nacional. Este acto es de primera importancia para la industria, puesto que se construye conocimiento basado en indicadores macroeconómicos, políticas públicas y experiencia empresarial para responder mejores prácticas y asimismo innovación en la industria mexicana.
